La nueva Ley General de Contrataciones Públicas reorganiza el sistema de abastecimiento del Estado y redefine el rol de las entidades, los proveedores y el órgano supervisor.
Entre los cambios más relevantes están los nuevos procedimientos de selección, la gestión por resultados y un régimen de solución de controversias con mayor protagonismo de la junta de prevención.
Para abogados y servidores públicos, la adaptación no es opcional: los plazos, las causales de nulidad y las responsabilidades administrativas cambian en la práctica diaria.
